Como seguimiento al geovisualizador sobre la situación agraria en México y el texto de análisis relacionado, estamos publicando breves estudios de caso que buscan describir las estrategias que distintos sectores de capital utilizan para ocupar tierras de propiedad social en México.
Estrategias de Apropiación de Tierras de Propiedad Social por parte del sector Minero.
La minería es uno de los sectores del capital que ejerce mayor presión sobre la propiedad social. Esto se explica por diversos factores.
En primer lugar, la ocupación de la tierra genera transformaciones irreversibles que no se limitan a las áreas directamente explotadas, sino que se extienden a los bienes comunes de los que depende intensivamente, como el agua, la vegetación y los cerros, además de la gran cantidad de roca de desecho que elimina. A ello se suma que esta ocupación no solo es intensiva, sino también extensiva: una vez en operación, y conforme los yacimientos se agotan, la minería tiende a expandir de manera constante su superficie de afectación, incrementando así la presión para apropiarse de nuevas tierras.
En este documento compartimos casos concretos que muestran cómo la minería se apropia de tierras de propiedad social para instalar proyectos de exploración, construcción y operación. Ejemplos como la mina Buenavista del Cobre de Grupo México en Sonora, la mina Los Filos en Guerrero (en manos de distintas empresas canadienses a lo largo del tiempo) o la mina La Herradura de Industrias Peñoles, revelan la diversidad de mecanismos, como expropiaciones, cambios de destino, dominio pleno o prácticas irregulares, mediante los cuales el sector minero expande su control territorial, debilitando la vida comunitaria y provocando despojo.
Consultar el documento: https://geocomunes.org/Analisis_PDF/GeoComunes_2026_Apro_PropSoc_Minero.pdf
Este trabajo forma parte de la investigación La Situación Agraria en México, de la cual se puede consultar el geovisualizador y el texto de análisis.
Agradecemos la colaboración de Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP) para la documentación del caso del ejido Carrizalillo, y de Ariadna A. Mogollón para el caso del ejido El Bajío.