El nuevo carácter vinculante de la planeación energética en México ha sido presentado como un instrumento de ordenamiento y transición. Sin embargo, lejos de replantear el modelo energético actual, en la práctica, esta política apunta a reproducir el mismo modelo de desarrollo que favorece la concentración empresarial, imponiendo qué territorios son “estratégicos” para el desarrollo industrial, y sosteniendo el consumo intensivo de este sector mediante la reactivación de proyectos previamente rechazados.
Presentamos aquí un análisis de la primera convocatoria de la Comisión Nacional de Energía (CNE) como un nuevo mecanismo de implementación de la política energética, identificando sus beneficiarios y las implicaciones territoriales de los resultados recientemente publicados.
En el sexenio pasado (2018-2024) el sector energético fue un “caballo de batalla” para el gobierno federal, y el ámbito donde posicionó de manera más clara aspectos clave de su política nacional desarrollista: su apuesta por el fortalecimiento de empresas públicas, su esfuerzo por limitar o contener la privatización del sector, y una temeraria apuesta por un modelo de desarrollo basado en profundizar la gasificación del sector eléctrico y en incrementar la extracción de combustibles fósiles convencionales en un contexto de caída productiva por el agotamiento geológico de los campos.
Luego de ese periodo, ha sido en el sexenio de Claudia Sheimbaum donde se han dado reformas significativas en el sector. En enero de 2024 se realizó la reforma constitucional que redefine a Pemex y a la CFE como “empresas públicas del Estado”. Luego, en 2025, se aprobaron otras tantas reformas en esta materia, entre ellas el Reglamento de la Ley de Planeación y Transición Energéticay la Ley del Sector Eléctrico en cuyos lineamientos y reglamentos se instala un elemento relevante y novedoso, la llamada planeación vinculante. Esta planeación la realizará la Secretaría de Energía (SENER) y quedará plasmada en los Instrumentos de Planeación del Sector Energético los cuales son: la Estrategia Nacional del Sector Eléctrico; la Estrategia Nacional del Sector de Hidrocarburos y Gas Natural; el Programa Sectorial de Energía (PROSENER), el Plan para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (PLATEASE), el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico (PLADESE), y el Plan de Desarrollo del Sector Hidrocarburos (PLADESHi).
En términos generales, la planeación vinculante se refiere a la facultad del Estado para emitir instrumentos de planeación energética cuyo cumplimiento será, no una guía o recomendación, sino un plan de carácter obligatorio para todos los participantes del sector, incluidos tanto entes privados como públicos. Entre estos últimos, están las autoridades del sector energético que deberán apegarse a la planeación para el otorgamiento de asignaciones, contratos, permisos, concesiones y autorizaciones . En otras palabras, este carácter vinculante es una facultad que le permite al Estado que, lo que sea que se planee, se ejecute. Esto, en principio, pese a lo que las comunidades directamente afectadas piensen y opinen.
La elevación de la planeación energética a un nivel vinculante, aún genera dudas sobre nuevas limitaciones y alcances de los instrumentos de participación ciudadana, como las consultas y las reuniones informativas de los proyectos en evaluación ambiental o social, mecanismos cuya instrumentalización ha sido principalmente para avalar proyectos en el sector energético. La planeación vinculante recupera la capacidad de establecer un orden de Estado a empresas privadas, pero también se lo impone a la población y comunidades que habitan los territorios afectados directamente por dichos proyectos, así como a las poblaciones de las zonas donde dicha energía se va a suministrar, como son los nuevos parques industriales hoy mal llamados Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI y PODEBIS).
En esta publicación, hablaremos de los avances de esta planeación energética vinculante, principalmente a partir de los resultados de la Primera Convocatoria de la Comisión Nacional de Energía (CNE) para empresas privadas, cuyo propósito es concretar inversiones en el menor tiempo posible en las zonas prioritarias del país alineadas al Plan México, al Plan Nacional de Desarrollo y a las metas de transición energética.
La convocatoria de la CNE dentro de los instrumentos de planeación vinculante
El nombre formal de la convocatoria publicada el 17 de octubre del 2025 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), es “PRIMERA CONVOCATORIA para la atención prioritaria de solicitudes de permisos de generación eléctrica e interconexión al Sistema Eléctrico Nacional, alineados a la planeación vinculante”.
La convocatoria busca agilizar los trámites de registro, evaluación y seguimiento a ciertos proyectos eléctricos de empresas privadas, mediante el establecimiento de una Ventanilla Única Energía y a través de una coordinación interinstitucional, principalmente entre la SENER y SEMARNAT para el seguimiento a los permisos de generación eléctrica, los permisos ambientales (Manifestación de Impacto Ambiental, y Cambio de uso de suelo) y sociales (Manifestación de Impacto Social en el Sector Energético). Según las declaraciones de la titular de la SENER el propósito es concretar en el menor tiempo posible, las inversiones privadas en el subsector eléctrico dentro de las zonas prioritarias definidas para contribuir al Plan México, al Plan Nacional de Desarrollo y con las metas de transición energética. Las zonas, tecnologías y capacidades de generación fueron definidas con base al Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico (PLADESE), y la convocatoria se concentró en regiones con prioridad para la adición de capacidad eólica y fotovoltaica (ver anexo técnico convocatoria).
Los resultados de la convocatoria para proyectos privados de energía eléctrica
El 18 de diciembre del 2025 se publicaron los resultados de la convocatoria. Esta recibió 38 propuestas y, de éstas, sólo 20 proyectos fueron aprobados, aunque en 2 de los aprobados sus promoventes desistieron de continuar el proceso. En adelante nos referiremos únicamente a los 18 proyectos aprobados, excluyendo a los que desistieron.
En la página oficial de publicación de los resultados, la SENER provee un listado de los proyectos aprobados en donde sólo menciona el folio de cada proyecto y la región de control asociada, pero sin dar el detalle de los nombres de cada proyecto, de la empresa promovente o de la capacidad asociada, lo cual reproduce los constantes obstáculos para el acceso a la información de los proyectos energéticos en el país. A partir de una solicitud de información (folio 343241600003426) obtuvimos el detalle de los 18 proyectos aprobados y de los 20 que fueron rechazados, y los principales detalles los compartimos a continuación.
En total, se aprobaron 5 proyectos eólicos (910 MW) y 13 fotovoltaicos (2,565 MW) por una suma total de 3,475 MW. Cabe señalar que esta capacidad total corresponde a la capacidad autorizada en los permisos de generación otorgados por la CNE para los proyectos aprobados, la cual es una cifra mayor a la capacidad total anunciada en la página de los resultados (3,090 MW).
De entre las capacidades aprobadas por región de control, resalta la península de Yucatán (según el PLADESE 2025-2039 es la región que tendrá la mayor tasa de incremento anual de demanda eléctrica entre 2025 y 2030). En esta primera convocatoria, la capacidad adicional necesaria para la península de Yucatán se cubrió en un 92% repartida en 5 proyectos que en su conjunto representan casi la mitad (47%) de la capacidad adicional aprobada en la convocatoria.
La predominancia de esta región peninsular resulta del carácter estratégico que ha adquirido en el contexto de reestructuración territorial llevado a cabo mediante el mal llamado Tren Maya y el aumento de la demanda eléctrica relacionada con el propio Tren y los sectores del capital favorecidos por su implementación como el agroindustrial, el turístico y el inmobiliario.
Capacidad ofertada / cubierta por región en la primera convocatoría de la CNE
Fuente: elaboración propia a partir de la solicitud de información a la CNE (folio 343241600003426) y de la base de datos sobre centrales eléctricas de GeoComunes
*Capacidad Cubierta página: datos publicados en la página de los resultados **Capacidad Cubierta CNE: datos de los premios de la CNE de cada proyecto aprobado (según solicitud de información 343241600003426).
En el mapa de abajo se podrán observar la ubicación, tecnología y capacidad de los 18 proyectos aprobados en esta convocatoria. Desde nuestro geovisualizador general se pueden activar las capas Centrales eléctricas 1ra convocatoria CNE y Polígonos centrales eléctricas en México en la sección “Electricidad” para visualizar la ubicación de esos proyectos y su extensión territorial.
Mapa de los 18 proyectos aprobados en la primera convocatoría de la CNE
Fuente: elaboración propia a partir de la solicitud de información a la CNE (folio 343241600003426) y de la base de datos sobre centrales eléctricas de GeoComunes
Llama la atención que la mitad de los proyectos aprobados son relativamente nuevos, ya que presentaron su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) durante el último año (siete de ellos entre octubre y diciembre de 2025). Los otros nueve proyectos aprobados son propuestas que llevaban tiempo tratando de instalarse en diversos territorios. Por ejemplo los tres parques fotovoltáicos previstos en los municipios de Singuilucan y Epazoyucan en el estado de Hidalgo, habían presentado MIAs entre 2019 y 2020, pese a que han generado una amplia oposición por sus afectaciones a los magueyes pulqueros y los potenciales impactos socioambientales y cambios al modo de vida y economía tradicional que pueden provocar (ver nota 1, nota 2 y el documental Salvemos el Maguey para saber más al respeto).
También como ejemplo de estos proyectos viejos que han detonado descontento local, está el caso del proyecto eólico de Zapoteca de Energía en el Istmo de Tehuantepec, el cual participó en la segunda Temporada Abierta de 2011, presentó su MIA ante la Semarnat en 2016 y ahora busca reactivarse por medio de esta convocatoria (ver nota al respeto).
De los 18 proyectos aprobados, 5 de ellos ya tienen una MIA que ha sido autorizada por la SEMARNAT, 12 siguen en el proceso de evaluación y 1 tiene una MIA negada en 2023 (parque eólico Panabá en Yucatán).
Listado de los 18 aprobados en la primera convocatoría de la CNE
Fuente: elaboración propia a partir de la solicitud de información a la CNE (folio 343241600003426) y de la base de datos sobre centrales eléctricas de GeoComunes
Nota: la columna empresa contiene el nombre de la empresa matriz relacionada con cada proyecto y no de la empresa filial promovente mencionada en el listado de los proyectos aprobados y en el permiso de generación de la CRE (ej Gree npark Energy S.A de C.V para los proyectos de Iberdrola). Se puede revisar los nombre de las empresas filial de cada proyecto desde nuestro geovisualizador general activando la capa Centrales eléctricas 1ra convocatoria CNE .
A través de la convocatoria han reaparecido grandes empresas que habían tenido un oligopolio en el sector eléctrico previo a las modificaciones legales y comerciales de los últimos ocho años. La mitad de los proyectos aprobados son promovidos por solo cuatro empresas, principalmente de origen europeo. En primer lugar se encuentra Iberdrola quién después de la venta en 2023 de la mayoría de sus centrales de Ciclo Combinado al fondo de inversión México Infrastructure Partners para ser operadas por la CFE y del reciente anuncio de venta de sus restantes centrales en el país (6 parques eólicos, 3 fotovoltaicos y 6 centrales térmicas), regresa con nuevos proyectos, ahora exclusivamente enfocados en tecnologías fotovoltaicas y eólicas. Además de los 3 proyectos aprobados, la empresa concursó con otros 2 que no fueron aprobados (Joya Honda en San Luis Potosí y San Diego de la Unión, en Guanajuato).
Principales Empresas Beneficiadas por la Convocatoria, y proyectos que metieron a la convocatoria (en verde los proyectos aprobados y en rojo los rechazados)
Fuente: elaboración propia a partir de la solicitud de información a la CNE (folio 343241600003426) y de la base de datos sobre centrales eléctricas de GeoComunes
¿Qué implica la atención prioritaria de solicitudes de permisos de generación eléctrica e interconexión al Sistema Eléctrico Nacional?
Para las comunidades que se encuentran en los territorios previstos para la instalación de estos proyectos, el hecho de que hayan sido aprobados en esta convocatoria representa una mayor amenaza de imposición de los mismos, ya que son reconocidos como proyectos estratégicos y prioritarios alineados a la planeación vinculante del sector eléctrico hasta el 2030.
La agilización de los trámites ambientales y sociales (se habla de reducir el tiempo de revisión y aprobación a 2 meses), reducirá también el margen temporal para que las comunidades puedan realizar de forma autónoma, colaborativa y comunitaria los necesarios procesos informativos, de discusión y análisis de los potenciales impactos socioambientales. Espacios que son de suma importancia porque los realizados por las instancias del gobierno y las empresas promoventes suelen carecer de neutralidad, del carácter previo y de la claridad informativa suficiente, porque solo buscan la aceptación social del proyecto mediante sesgos informativos, omisiones, manipulaciones y presiones de todo tipo.
Los documentos de la convocatoria hacen mucho énfasis en la agilización de los permisos otorgados por la Sener, como el permiso generación de la CNE, Manifestación de Impacto Social en el Sector Energético (MISSE), y aquellos otorgados por la Semarnat como la MIA y cambio uso suelo. Pero no se hace referencia a los permisos y contratos para la renta de las tierras, ni al papel que tendrá la Procuraduría Agraria (PA) y el Registro Agrario Nacional (RAN) dentro de esta coordinación interinstitucional.
Esta situación representa un grave riesgo ya que sigue reproduciendo los mecanismos de apropiación de tierras de propiedad social que han sido utilizados anteriormente para la imposición de proyectos energéticos, lo que constituye una de las principales causas de los conflictos sociales relacionados con estas infraestructuras particularmente en el caso de parques eólicos y fotovoltaicos (ver: Cuaderno Planeas “Análisis sobre la ocupación territorial de las centrales eléctricas en México”; Monografía sobre parques fotovoltaicos, EJAtlas caso Istmo (Oaxaca), EJAtlas caso Nueva Xcala (Tlaxcala), EJAtlas caso PIER (Puebla), por citar algunos).
¿Qué pasará en caso de que los ejidos y comunidades sobre los cuáles se pretende desarrollar estos proyectos decidan negar, por medio de sus asambleas agrarias, el permiso de renta de tierras?, ¿Se respetarán sus decisiones y su ejercicio de libre determinación o el estado recurrirá a expropiaciones justificando la utilidad pública por el carácter prioritario y estratégico de los proyectos?, ¿Quién realmente define qué es lo prioritario en esta planeación jerarquizada que pareciera que ordena únicamente por medio del cómputo de datos?
Otro aspecto a analizar es que dentro de los criterios definidos para elegir los proyectos de la convocatoria, se menciona el mayor porcentaje de inversión en el Plan de Gestión Social. El 16 de febrero se publicaron en el DOF las Disposiciones Administrativas de Carácter General sobre la Manifestación de Impacto Social del Sector Energético en las que se define el Plan de Gestión Social y de los Beneficios Sociales Compartidos, sin embargo solo se estipula que esos beneficios “serán otorgados a las localidades del Área de Influencia” sin especificar de manera concreta a quién y bajo qué forma se otorgarán. Por lo ambiguo de la formulación, existe el riesgo de que la promoción de dichos beneficios económicos o materiales sea un arma de doble filo que sirva únicamente como mecanismo de presión y de convencimiento hacia las autoridades municipales o agrarias para la aceptación de los proyectos como sucede por ejemplo con el fondo minero.
También es importante señalar al respecto de los proyectos que fueron rechazados en esta convocatoria, que esto no implica que sus promoventes desistan de impulsarlos pese a la oposición de las comunidades que ven amenazadas sus tierras y territorios con estos proyectos. De igual manera es importante mantener la atención en el conjunto de otros proyectos que ya tienen permiso de generación eléctrica pero que no participaron de este proceso convocado por la SENER, como es el caso de otros 14 proyectos eólicos y 23 fotovoltaicos identificados con el estatus de “por iniciar obras” según el último listado de la Comisión Nacional de Energía (CNE) con fecha de corte al 31 de enero del 2026.
Si bien esta convocatoria puede interpretarse como un giro en la política eléctrica que puede fortalecer la planeación estatal para definir la localización y magnitud de la expansión del sistema y así contener el despliegue del capital privado en el sector que sólo responde al único interés de generar ganancias empresariales, los mecanismos en que comienza a operar parecen mantener la puerta abierta a las formas impositivas de una política energética subordinada al “desarrollo” territorial de corte neoliberal.
La planeación propuesta permanece orientada, en lo sustantivo, a satisfacer la demanda del sector industrial, ahora impulsado por iniciativas gubernamentales como el Plan México o el Tren Maya, por citar algunas. En esta planeación predomina una lógica vertical que elude una discusión real sobre el consumo energético industrial, un sector predominantemente exportador y que subordina a los territorios a dinámicas de explotación y degradación ambiental (según el PLADESE 2025–2030 la industria concentra el 60.6% del consumo final de electricidad, con apenas el 0.9% del total de usuarios).
En la actual política energética sigue persistiendo la ausencia de un proceso efectivo de democratización y justicia energética así como de un mecanismo real de deliberación pública que permita definir colectivamente las prioridades energéticas, dejando sin resolver la brecha entre demanda privada industrial y necesidades colectivas populares y comunitarias.