Bajo la figura de “proyecto estratégico y prioritario” se reactiva un viejo proyecto de parque eólico en el Istmo con mayor capacidad y con impactos que deben evaluarse 10 años después de su planeación, además cuenta con antecedentes agrarios que cuestionan la legalidad de los contratos de renta de tierra.
13 de febrero del 2026
En días recientes informamos de un nuevo proyecto eólico en el Istmo de Tehuantepec llamado IGU que había presentado una Manifestación de Impacto Ambiental ante la Semarnat. Sin embargo, no es el único nuevo proyecto eólico que actualmente amenaza la región del istmo.
A finales de diciembre se anunciaron los resultados de la primera convocatoria para la atención prioritaria de solicitudes de permisos de generación eléctrica e interconexión al Sistema Eléctrico Nacional. Según la Sener, el objetivo de esta convocatoría es “concretar inversiones en el menor tiempo posible en las zonas prioritarias del país. Estas acciones,… contribuirán al Plan México, al Plan Nacional de Desarrollo y a las metas de transición energética”. En ese marco y debido a la presencia del Corredor Interoceánico, el istmo fue definido como una de las zonas prioritarias para instalar 200 MW adicionales de capacidad eólica.
El proyecto aprobado en esta convocatoria para la región del istmo no es para nada un proyecto nuevo. Se trata del parque eólico promovido por la empresa Zapoteca de Energía S.A.P.I de C.V que pretende desarrollarse en la orilla de la laguna superior entre,Juchitán y Unión Hidalgo. Esta empresa fue una de las 7 participantes en la Temporada Abierta de 2011 para nuevos proyectos eólicos en el istmo (en conjunto con otras empresas como Electricidad de Francia, Enel Green Power o Siemens/Gamesa por citar algunas). En mayo del 2016 presentó ante la Semarnat una Manifestación de Impacto Ambiental (clave: 20OA2016E0014), que fue autorizada en noviembre del mismo año. Sin embargo, por razones que desconocemos, el proyecto no obtuvo un permiso de generación eléctrica por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y no se concretó. La actual convocatoria de la Comisión Nacional de Energía (CNE) aparece ahora como el mecanismo para reactivar este parque lo que conlleva distintas dudas y amenazas.
La MIA autorizada en 2016 contemplaba la instalación de 33 aerogeneradores con una capacidad de 2.1 MW cada uno y una capacidad total del parque de 69 MW. El permiso de generación eléctrica aprobado por la CNE en este diciembre del 2025 (n° permiso: CNE/E/25/GEN/2025), en el contexto de esta convocatoria, menciona la instalación de 25 aerogeneradores de 8 MW cada uno, para una capacidad total del parque de 200 MW. Si bien el permiso de la CNE considera la instalación de 8 aerogeneradores menos que la MIA, los aerogeneradores previstos son 4 veces más potentes que los previstos de instalar en la MIA aprobada. En la MIA se menciona una altura de buje de 90 m (altura del centro del rotor de la turbina eólica con relación al suelo) y un área barrida por las palas de 150 m. El permiso de la CRE no da más detalles sobre los aerogeneradores que se instalarán pero en promedio los aerogeneradores de 8 MW tiene una altura de buje cercana a los 120 m. También puede cambiar las características de la base para sostener cada aerogenerador (profundidad del “hueco” y cantidades de materiales usados para el hormigón).
Estos cambios en el diseño técnico del proyecto plantean una duda central ¿La empresa volverá a presentar una nueva MIA ante la Semarnat? De no hacerlo, correspondería a la Semarnat exigirla, dado que las características técnicas del proyecto y las propias condiciones ambientales sobre las cuales se basa la MIA han cambiado bastante casi una década lo que debe de tomarse en cuenta en la medición de impactos. Los posibles impactos hacia la laguna superior y la actividad pesquera, que fueron en la época su evaluación una de la principales preocupaciones ante el anuncio del proyecto, debe, por ejemplo ser un punto que se vuelva a analizar y evaluar con seriedad, ya que las propias condiciones hidrogeológicas de la laguna y de la actividad pesquera han cambiado bastante, como consecuencia de diversas actividades humanas (contaminación por proyectos industriales, energéticos, mala gestión de residuos sólidos y de las aguas negras).
La MIA del 2026 también señalaba una superficie total para el proyecto de 1,035 ha, ¿se mantendrá el mismo polígono y la misma superficie de predio? El documento indicaba tener contratos con pequeños propietarios para una superficie de 767 ha. No obstante, es indispensable señalar que este proyecto se encuentra integralmente dentro de los bienes comunales de Juchitán y sus anexos, y que en 2022, así como que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 22 reconoció el carácter comunal de las tierras de Unión Hidalgo, dónde la empresa DEMEX había establecida contratos de renta con pequeños propietarios privados.
Este antecedente es jurídicamente significativo. La resolución del Tribunal Unitario Agrario debe de servir de jurisprudencia para ratificar la ilegalidad de los contratos establecidos entre empresas eólicas y propietarios privados dentro de los bienes comunales de Juchitán y sus anexos, además de de ser tomado en cuenta para cualquier nuevo proyecto eólico previsto en la zona.
Lo anterior evidencia que existen serias dudas respecto a dos permisos fundamentales que requiere la empresa Zapoteca de Energía para avanzar con este proyecto: lo ambiental y lo relacionado con la renta de tierra. Ambos aspectos deberían de pasar por un proceso informativo y de discusión amplio con diferentes actores locales.
Sin embargo, el hecho que esos proyectos aprobados en la convocatoria sean considerados como estratégicos y prioritarios conlleva un riesgo de imposición de este nuevo parque eólico y de una aceleración en la autorización de los permisos necesarios faltantes. Esto nos obliga a cuestionar qué entiende actualmente el gobierno cuando se refiere a “Justicia Energética”, y sí las instituciones correspondientes (Sener, Semarnat, Procuraduría Agraria, Comisión Federal de Electricidad, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas) no repetirán las omisiones e irregularidades relacionadas con los proyectos eólicos impuestos anteriormente en la región. O si más bien este parque eólico se sumará al tren de los procesos de desinformación, manipulación, corrupción, imposición y criminalización bajo el cuál avanzaron a toda prisa con los impactos socioambientales que eso conlleva, hasta ahora los proyectos relacionados con el Corredor Interoceánico.
