En enero del 2026, la empresa británica Atlantica Sustainable Infrastructure presentó ante la Semarnat una Manifestación de Impacto Ambiental (clave (20OA2026E0003) para un nuevo proyecto eólico en el Istmo de Tehuantepec llamado “Parque eólico IGU”. Esta empresa tiene un total de 8 proyectos en México (6 fotovoltaicos y 2 eólicos).
5 de febrero del 2026.
El parque eólico IGU pretende desarrollarse entre los municipios de Juchitán de Zaragoza y Santa María Xadani en una parte de las tierras que eran previstas para el parque eólico Bii Sti Uguu que fue cancelado.
El proyecto implicaría la construcción de 17 aerogeneradores de 119 m de altura (con un área barrida por las palas de 162 m), con capacidad de 6.5 MW cada uno, para un total de 100 MW de capacidad prevista para todo el parque. Cabe señalar que por ahora no existen precedentes de aerogeneradores de esta dimensión en la región, ya que los parques operando tienen aerogeneradores considerablemente más pequeños, con alturas promedio entre 60 y 80 m , y con capacidad individual de entre 1.5 y 3 MW.
Esto se pretende desarrollar dentro de un predio de 645 ha que contiene actualmente los siguientes usos de suelo: vegetación secundaria arbustiva de selva baja caducifolia (304 ha), vegetación secundaria arbórea de selva baja caducifolia (204 ha), pastizal cultivado 128 (ha) y selva baja espinosa caducifolia (12 ha). Las obras permanentes (aerogeneradores, camino, subestación, línea de transmisión de 21 km hasta la subestación Juchitán 2) ocuparían 65 ha de manera permanente.
El conjunto del predio de 645 ha sobre lo cuál se pretende desarrollar el parque eólico se encuentra dentro de los límites agrarios de los bienes comunales de Juchitán y sus 5 anexos (Santa María Xadani, El Espinal, La Ventosa, Unión Hidalgo y Chicapa de Castro). Un núcleo agrario que mantiene un litigio histórico por los títulos ilegales de propiedad privada que fueron emitidos sobre bienes comunales, y que fueron aprovechados por las empresas eólicas para la renta de tierras de 14 de los 30 parques eólicos actualmente en operación en la región. Esos parques ocupan actualmente más del 30% del total de tierras de los bienes comunales de Juchitán y sus anexos (22 mil hectáreas de las 68 mil hectáreas comunales). La ilegalidad de dichos contratos de renta de tierras ha sido uno de los principales reclamos de las organizaciones locales, quienes también señalan los graves impactos ambientales y sociales generados por la saturación territorial de la región con parques eólicos.
En noviembre de 2022 el Tribunal Unitario Agrario del distrito 22 reconoció el carácter comunal de las tierras de Unión Hidalgo, donde se establecieron 2 de los 14 parques ubicados dentro de los bienes comunales de Juchitán y sus anexos, declarando la nulidad definitiva de los contratos de arrendamiento que habían sido firmados con los pequeños propietarios. Este reconocimiento del Tribunal Agrario ratifica la ilegalidad de los contratos establecidos dentro de los bienes comunales de Juchitán y sus anexos. ¿Con quienes pretende negociar ahora la renta de tierra la empresa Atlantica Sustainable Infrastructure para este nuevo proyecto eólico?
El proyecto de parque eólico IGU, impulsado por la empresa Atlantica Sustainable Infrastructure, se suma a la nueva ola de proyectos energéticos en el Istmo que han sido impulsados por la implementación del Corredor Interoceánico. El CIIT, ya ha provocado la llegada de proyectos fotovoltaico y eólicos como los relacionados con el proyecto de Helax Istmo (impulsado por una filial del fondo de inversión danés Copenhagen Infrastructure Partners), destinados para la operación de plantas de producción de hidrógeno y amoniaco (ver informe al respecto). Así mismo, alrededor del CIIT se han desplegado otros parques eólicos privados, como el de IGU, que se relacionan con la primera convocatoria lanzada por la Comisión Nacional de Energía para la atención prioritaria de solicitudes de permisos de generación eléctrica e interconexión al Sistema Eléctrico Nacional.
En este panorama, vemos que la lógica sigue siendo la misma que con la implementación de los parques eólicos en las décadas anteriores: el gobierno pone condiciones para favorecer la inversión del capital privado en megaproyectos que aprovechan y despojan bienes comunes para producir mercancías (ya sea energéticas o industriales) destinadas a ser exportadas hacia otras partes del mundo. Es decir, buscan garantizar energía para la industria y el capital privado mientras que los pueblos de la región sufren un acceso cada vez más deficiente e injusto al servicio básico de electricidad, a pesar de la alta producción energética del territorio, con apagones frecuentes y cobros excesivos en las tarifas de luz.
